Yaiza propone una solución técnica para la demolición parcial del hotel Son Bou

El Ayuntamiento de Yaiza ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un informe técnico encargado por la institución que propone una solución para la demolición parcial del hotel Son Bou, en Playa Blanca, en cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en octubre de 2005.

Este informe sugiere que la propiedad del hotel sea la encargada de ejecutar la demolición, sin más dilaciones, contratando a una empresa con los medios suficientes para llevarla a cabo.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, explicó que "el Ayuntamiento nunca ha dejado de actuar. Lo que sí había era una indeterminación en el modo de acometer la ejecución parcial, pero ahora, tras este dictamen técnico que hemos encargado, proponemos a la Sala un modo concreto de ejecutar la sentencia sin mayores dilaciones".

El objetivo es aclarar la forma en que debe llevarse a cabo la demolición parcial, que ha sido un tema de indefinición desde que el TSJC dictó la sentencia en 2005.

Desde esa fecha, el Ayuntamiento ha requerido a la propiedad del hotel que cumpla con el fallo judicial, pero la dilatación del proceso se ha debido a la legalización instada por el hotel y la indeterminación del modo de proceder con la demolición.

Para resolver esta situación, el Ayuntamiento encargó un dictamen técnico que establece una solución que permite cumplir estrictamente con el fallo judicial y adaptar lo no demolido a la normativa urbanística vigente.

El informe técnico fue presentado al TSJC para su consideración, acompañado de un calendario de trámites administrativos necesarios para ejecutar la sentencia de forma definitiva. "Yaiza defiende una vez más que debe ser la propiedad del hotel la responsable de elaborar el correspondiente proyecto técnico de demolición, con sujeción estricta a la solución ofrecida en el reseñado dictamen técnico", afirmó el alcalde.

En caso de que la propiedad no cumpla con sus obligaciones, el Ayuntamiento se vería obligado a ejecutar la demolición de manera subsidiaria, aunque se podría repercutir el coste posterior a la propiedad del hotel.

El alcalde también advirtió que, al no contar con medios propios, el Ayuntamiento tendría que licitar los trabajos de demolición bajo la Ley de Contratos del Sector Público, lo que conllevaría un retraso adicional en la ejecución de la sentencia. "Con la consiguiente dilación en el tiempo de la total y definitiva ejecución de la sentencia", puntualizó Óscar Noda, añadiendo que será la Sala del TSJC quien decida sobre el plan propuesto por Yaiza.

Caso Papagayo Arena

El alcalde de Yaiza también abordó el caso del hotel Papagayo Arena, otro complejo turístico con licencia anulada por los Tribunales. El pasado 6 de noviembre, el Ayuntamiento respondió al requerimiento del TSJC, indicando que no es posible resolver el expediente de legalización sin los informes necesarios de otras instituciones, especialmente de Costas.

Debido a una nueva servidumbre de protección derivada de la nulidad parcial del Plan General de Yaiza, los accesos al mar deben ser informados por Costas.

El Ayuntamiento, que no se niega a continuar con la tramitación del expediente, interpuso recurso contencioso administrativo contra el nuevo deslinde de Costas, que estableció una servidumbre de protección de 100 metros en lugar de los 20 metros previos.

Esta modificación afecta a parte del hotel y, mientras no se cuente con las autorizaciones turísticas del Cabildo de Lanzarote y la aprobación de Costas, el Ayuntamiento no podrá emitir resolución alguna sobre el proyecto de legalización del hotel Papagayo Arena.