Un informe confirma irregularidades en las autorizaciones para la extracción de tierras raras en Fuerteventura
El Cabildo de Fuerteventura reafirma su rechazo a las actividades extractivas tras el análisis jurídico sobre la validez de los permisos otorgados
Un informe realizado por juristas especializados y solicitado por la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, confirma que las autorizaciones para la extracción de tierras raras en la isla por parte del Gobierno de Canarias no cumplen con la normativa vigente.
Este análisis respalda la postura del Cabildo, que se opone firmemente a cualquier actividad extractiva en Fuerteventura, considerando que tales acciones son incompatibles con los valores naturales y culturales de la isla.
Lola García ha reafirmado el compromiso del Cabildo en la defensa de los recursos naturales y culturales de la isla majorera. “Nuestra postura es clara e inquebrantable: no permitiremos actividades extractivas que pongan en peligro el equilibrio ambiental y nuestro patrimonio y territorio, que es Reserva de la Biosfera. Estos informes confirman que la ley está de nuestro lado y seguiremos utilizando todas las herramientas legales para proteger Fuerteventura”, afirmó.
El informe revela que las solicitudes de permiso de investigación presentadas por la empresa Tenáridos tienen deficiencias legales, lo que las hace contrarias a la ley. Entre los problemas señalados se encuentran imprecisiones en los proyectos de investigación y graves omisiones, como la ausencia del informe previo del órgano ambiental sobre el impacto en espacios protegidos de la Red Natura 2000.
Además, el informe destaca que la actividad propuesta es incompatible con el suelo rústico de protección ambiental, cultural y territorial, según lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). En particular, se prohíbe cualquier actividad extractiva dentro de un radio de tres kilómetros alrededor de la Montaña de Tindaya.
El informe también subraya que la denegación de las solicitudes no genera derecho a indemnización para la empresa, salvo en casos de negligencia administrativa específica, lo que refuerza la posición del Cabildo.
Respecto al informe de biodiversidad presentado, se concluye que el inventario ambiental es deficiente, ya que no se ha considerado adecuadamente la biodiversidad, incluyendo especies protegidas, hábitats naturales de interés comunitario y espacios de la Red Natura 2000. Como resultado, se considera que no se ha realizado una evaluación adecuada del impacto ambiental de los trabajos propuestos.
La Institución insular considera que las resoluciones de admisión a trámite de estas solicitudes son contrarias a Derecho, por lo que ha instado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias a dejar sin efecto las resoluciones dictadas y retroceder los procedimientos al punto previo a la admisión a trámite. Además, ha subrayado la importancia de evaluar las propuestas bajo estrictos criterios ambientales, territoriales y culturales, para garantizar la protección del territorio.