El Cabildo de Lanzarote aprobó este jueves en el pleno celebrado en La Graciosa una moción del grupo de Gobierno para instar al Gobierno de España a desistir de reclamar pagos a los vecinos de La Graciosa, propietarios de parcelas afectadas por el deslinde marítimo-terrestre realizado en 1965.
La moción surge tras las recientes demandas del Ministerio de Hacienda, que exige a los residentes de Caleta del Sebo el pago de sumas elevadas, algunas alcanzando hasta 94.000 euros, alegando que sus parcelas ocupan suelo de dominio público. Esta situación afecta a vecinos que han sido legítimos propietarios de sus terrenos durante más de 40 años.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, expresó su incredulidad ante la situación: “Es incomprensible que se pretenda exigir ahora pagos desorbitados a los vecinos de La Graciosa, que han pedido ser legítimos propietarios después de 40 años. Es una cuestión de justicia y de respeto a la historia y los derechos de estas familias".
El consejero Domingo Cejas recordó que el Ayuntamiento de Teguise también ha calificado de errónea la interpretación del Ministerio y ha solicitado al Estado que retome el acuerdo de 2006 sobre la nueva delimitación en Caleta del Sebo, que fue anulado posteriormente por un fallo judicial. “Defenderemos hasta el final los derechos de los vecinos de Caleta del Sebo. No podemos permitir que se aplique una normativa desactualizada que va en contra de los acuerdos alcanzados”, afirmó Cejas.
Con este acuerdo, el Cabildo de Lanzarote pide al Gobierno que desista de estas reclamaciones y retome el diálogo sobre la delimitación y deslinde en Caleta de Sebo, tal como se había acordado en 2006 con la aprobación del PRUG de La Graciosa.
El vicepresidente, Jacobo Medina, subrayó la falta de coherencia en las acciones del Gobierno de España: “No tiene ningún tipo de coherencia que, después de cerca de medio siglo, desde el Gobierno de España pretenda reclamar unos pagos inaceptables a los vecinos de la octava isla”.
